Actualidad

Agravantes en Ley de Armas y Concurso Delitos

30 de Julio de 2008

No se puede procesar ni condenar por articulo 5.04 y 5.15 de la ley de armas.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO 

EL PUEBLO DE PUERTO RICO                                CERTIORARI CRIMINAL PROCEDENTE DEL TRIBUNAL  RECURRIDO                                                              DE APELACIONES

                                                                                   REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN         

 V.                                                                               (KLAN-2007-00517)                                   

WILFREDO CANGA SANTIAGO                                 CERTIORARI 

PETICIONARIO 

                                      PETICIÓN DE CERTIORARI AL HONORABLE TRIBUNAL SUPREMO:

Comparece el peticionario, señor Wilfredo Canga Santiago, representado por el abogado de la Sociedad para Asistencia Legal que suscribe y, muy respetuosamente, presenta esta Petición de certiorari.

I.                   JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA; BASES JURISDICCIONALES         

 La jurisdicción y competencia de este Tribunal Supremo en este recurso la confiere el Art. V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el art. 3.002(d) de su Ley de la Judicatura al disponer que este Tribunal Supremo “mediante auto de certiorari, a ser expedido discrecionalmente, revisará las demás sentencias o resoluciones finales del Tribunal de Apelaciones, en los términos dispuestos en las Reglas procesales o en leyes especiales.”  A estos efectos, la Regla 20(a)(1) del Reglamento del Tribunal Supremo dispone que cuando el recurso de certiorari se presente para revisar una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en un recurso de apelación, la solicitud deberá ser presentada dentro de un término jurisdiccional de treinta días.  Finalmente, ambas la Regla 20(a)(10) del Reglamento del Tribunal Suremo como la Regla 84(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, disponen que cuando se presenta una oportuna moción de reconsideración, el término para recurrir a este Tribunal Supremo comenzará a contarse de nuevo a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución o sentencia del Tribunal de Apelaciones que resuelva definitivamente la moción de reconsideración.

 II.                SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA 

         Se recurre de la Sentencia de 23 de mayo de 2008 del Panel integrado por su presidente, el Juez Ponente Rivera Martínez, junto al Juez Colón Birriel y la Juez Jiménez Velázquez, del Tribunal de Apelaciones (TA), Región Judicial de Bayamón, en el caso de Pueblo v. Wilfredo Canga Santiago, KLAN-2007-00517.  En su Sentencia el TA apreció un concurso real de delitos por lo que, con base en el art. 79 del Código penal de 2004 (CP), modificó las sentencias del Tribunal de Primera Instancia apeladas por el peticionario.[1]          El 16 de junio de 2008 el peticionario presentó una Moción de reconsideración al TA.[2]  El 23 de junio de 2008 el TA emitió Resolución en la que declaró no ha lugar la reconsideración.  Esta Resolución fue notificada el 27 de junio de 2008.

III.             RESOLUCIÓN REVISADA POR EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

         En su Sentencia en este caso el TA modificó las sentencias impuestas el 11 de diciembre de 2006 por la Juez Ivelisse Moyano Arés, del Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Bayamón, en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Wilfredo Canga Santiago, DDC2006G0007, DBD2006G0218, DLA2006G0267 y, DLA2006G0268.     

     En este caso, luego de juicio por jurado, el TPI sentenció al peticionario a cumplir 11.5 años de reclusión por el delito de secuestro (art. 169 CP), 11.5 años por el delito de robo agravado (art. 199 CP), y 15 y 10 años por infracción a los art. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas.  Las penas fueron impuestas de forma consecutivas, con un total de 48 años de reclusión.

  IV.             RECURSOS PENDIENTES  

        En relación con este caso, no existen otros recursos pendientes ante el Tribunal de Apelaciones ni ante este Tribunal Supremo.

V.                BREVÍSIMA RELACIÓN DE HECHOS Y PROCEDIMIENTOS

La prueba recibida en el juicio considerada suficiente por el TA fue en el sentido de que, una noche de octubre 2005, en Bayamón, Puerto Rico, al momento en que una gasolinera una mujer abría su vehículo para marcharse, el peticionario se montó sorpresivamente por el lado del pasajero, le apuntó con un arma y la obligó a conducir a un centro comercial.  Allí se encontró con otros dos individuos junto con los cuales la obligaron a sentarse en el asiento trasero de su vehículo, le vendaron los ojos, y se la llevaron.  En el camino le dieron a tomar una pastilla.  Ella se durmió y despertó al otro día desnuda en su vehículo, en un paraje solitario.  Posteriormente identificó al peticionario mediante fotografías. Celebrado juicio por jurado se le halló culpable del delito de secuestro, robo agravado (de vehículo), portación y uso de arma de fuego y apuntar con un arma de fuego.  El TPI lo sentenció a dos penas de 11.5 años de reclusión, una por el secuestro más otra por el robo, y a otras más de 15 años por la portación y uso de arma de fuego más otra de 10 años por el apuntarla.

En su apelación al TA el peticionario planteó que el jurado había errado al encontrarlo culpable sin prueba más allá de duda razonable que lo justificara, ello por haber dudas razonables en cuanto a su identificación como autor de los delitos que se le imputaron, a la apropiación de un vehículo y a la presencia de un arma de fuego.  Además se planteó que el haber impuesto las sentencias de forma consecutiva fue un abuso de discreción contrario a la regulación del concurso de disposiciones penales y del concurso de delitos de los art. 12, 78 y 79 CP.  Perfeccionada la apelación, el TA emitió sentencia confirmatoria de todas las condenas, aunque modificó la acumulación de las penas.

VI.             SEÑALAMIENTO DE ERRORES

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES POR QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO LEGALIDAD PUNITIVA AL NO APLICAR EL ARTÍCULO 12 CÓDIGO PENAL, SOBRE CONCURSO DE DISPOSICIONES PENALES, A LAS DOS DIVERSAS DISPOSICIONES PENALES DE PORTACIÓN Y USO DE ARMA DE FUEGO  (ART. 5.04 LEY DE ARMAS) Y DE APUNTAR CON ARMA DE FUEGO (ART. 5.15 LEY ARMAS), CUANDO BASTA CON LA APLICACIÓN DE UNA SOLA DE ÉSTAS PARA VALORAR LA TOTALIDAD DE LA CONDUCTA DELICTIVA ENJUICIADA. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES POR QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO LEGALIDAD PUNITIVA AL NO APLICAR EL ARTÍCULO 78 CÓDIGO PENAL, SOBRE CONCURSO MEDIAL DE DELITOS, A LOS DELITOS DE SECUESTRO (ART. 169 CP) Y ROBO DE VEHÍCULO (ART. 198 CP), CUANDO EN EL HECHO ENJUICIADO EL ROBO DEL VEHÍCULO FUE EL MEDIO CONCRETAMENTE ADECUADO PARA EL SECUESTRO DE LA PERSONA QUE LO CONDUCÍA.

 VII.          ARGUMENTACIÓN DE LOS ERRORES SEÑALADOS

A.     Introducción

“Una de las innovaciones más significativas que introduce el nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es en cuanto a la regulación de las formas y las consecuencias del concurso de delitos.”  Mañalich Raffo, El concurso de delitos: Bases para su reconstrucción en el Derecho penal de Puerto Rico, 74 RJUPR 1021 (2005).   “Con la aprobación del nuevo Código Penal, nuestro ordenamiento adoptó una regulación bastante completa de las diversas facetas de la teoría del concurso, cuyas raíces radican en la tradición penal continental.”  Pueblo v. Álvarez Vargas, 2008 TSPR 53, p. 7, n. 2. Ciertamente existe “contraste entre el tratamiento del concurso bajo el Código Penal derogado y el vigente”. Pueblo v. Álvarez Vargas, 2008 TSPR 63, p. 7, n.2.  “Cambios como éste obligan a los abogados y a los jueces a ser cuidadosos en la interpretación del Código Penal.  Pero más aún, los obliga a sopesar adecuadamente el valor que tienen los precedentes judiciales, sobre todo aquellos que discuten figuras que han sufrido modificaciones.”  Juez Presidente Hernández Denton, Prólogo, en Chiesa Aponte, Derecho penal sustantivo, 2007, p. xv.  “De poco valdrá contar con un moderno estatuto punitivo si los intérpretes (jueces, profesores, litigantes) permanecen anclados en el pasado por fíat del stare decisis, negándose a reconocer los avances legislativos.”  Granados Peña, El Código penal de Puerto Rico: ¿Hacia un derecho mutante?, en Granados Peña, Código penal de Puerto Rico y leyes especiales usuales, 1994, p. xl.  

   Lamentablemente, en las sentencias del TPI y TA en este caso, no se encuentra este espíritu de nuevo Derecho penal puertorriqueño.  Con base en precedentes judiciales sobre el viejo CP, el TA se negó a reconocer las innovaciones introducidas en el CP 2004 en materia de concurso de disposiciones penales (art. 12 CP) y de concurso de delitos (art. 78 y 79 CP). La aplicación de estas importantes innovaciones en materia de concurso de delitos que introduce el nuevo CP 2004, junto a los cambios ya antes introducidos en la misma materia de forma especial en la Ley de Armas de 2000 y sus enmiendas, resulta en este caso en una pena total considerablemente menor a la impuesta por el TPI y la modificada por el TA. Conforme el estado actual de la ley, en el caso de autos el delito de apuntar con un arma de fuego (art. 5.15 Ley de Armas) queda consumido, conforme el art. 12 CP, por el delito de portación y uso de la misma arma de fuego (art. 5.04 Ley de Armas); por otro lado, los delitos de secuestro y robo (art. 169 y 199 CP) están en concurso medial de delitos, conforme el art. 78 CP ; finalmente, y conforme el art. 7.03 Ley de Armas, la pena por el delito de portación y uso de arma de fuego habrá de cumplirse de forma consecutiva con la pena correspondiente al concurso medial de los delitos de robo de vehículo y secuestro.  Todo esto implica la revocación de la condena y pena por apuntar un arma de fuego (art. 5.15 Ley de Armas) junto a la revocación de una de las penas (no de la condena) impuestas por el secuestro o por el robo.  En lugar de las inhumanas penas de 48 ó 45 años de reclusión, como quieren el TPI y TA, la pena que la ley autoriza imponer es la mucho menor y ya gravísima de 26 años y medio de reclusión.

B.     Las dos principales vías de solución del concurso de delitos

1.     Naturaleza de los problemas del concurso de delitos

Cuando un suceso objeto de enjuiciamiento penal es literalmente subsumible en varios tipos penales o en el mismo tipo penal varias veces: ¿se ha cometido uno o varios delitos?, ¿es aplicable una única pena, una única pena pero agravada o varias penas acumuladas? Esta es la problemática general del concurso de delitos.  Chiesa Aponte, Derecho penal sustantivo, 2007, p. 66.  Dos exigencias complementarias que se dirigen al sistema penal obligan a atenderla: la exigencia de agotar el desvalor del suceso (que se castigue la totalidad del suceso con todo el peso de la ley) y la prohibición de doble valoración (que no se castigue dos veces por lo mismo).Es por ello que “uno de los propósitos fundamentales de la teoría del concurso de delitos es reducir la magnitud de las penas, lo que le vincula con el principio de proporcionalidad. Por una parte, evita que una persona sea castigada dos veces por un mismo hecho punible y, de otra, modera la pena impuesta a un individuo juzgado por dos o más delitos independientes.”  Pueblo v. Álvarez Vargas, 2008 TSPR 63, p. 4-5.2.   

Diferencia entre concurso de leyes y concurso de delitos

“Con la aprobación del nuevo Código Penal, nuestro ordenamiento adoptó una regulación bastante completa de las diversas facetas de la teoría del concurso, cuyas raíces radican en la tradición penal continental.”  Álvarez Vargas, p. 7, n. 2.  La distinción fundamental es la existente entre el tratamiento del concurso de leyes del art. 12 CP y el tratamiento del concurso de delitos de los art. 78 y 79 CP.  Mañalich Raffo, El concurso…, p. 1186s. El CP trata el concurso de leyes en su Parte General, Título I: De la ley penal, Cap. I: De los principios para la aplicación de la ley penal, Sec. 3ª: De la interpretación, específicamente en su art. 12: Concurso de disposiciones penales.  Según su ubicación sistemática en el CP, el concurso de disposiciones penales es una cuestión de interpretación de ley.  Por otro lado, el CP trata el concurso de delitos en su Parte General, Título III: De las consecuencias del delito, Cap. II: De las penas para las personas naturales, Sec. 4ª: Del concurso, específicamente en sus art. 78: Concurso ideal y medial de delitos, y art. 79: Concurso real de delitos.  Por su ubicación sistemática en el CP, el concurso de delitos es una cuestión de determinación de la pena. “En términos generales, puede decirse que habrá concurso de leyes allí donde uno solo de los tipos [en] conflicto abarque totalmente el injusto de la conducta delictiva y habrá concurso de delitos allí donde, para captar completamente dicho injusto, haya que tomar en consideración varios tipos”. Cobo/Vives, Derecho penal, 1990, p. 591, n. 4.  “En el concurso de leyes la conducta del autor cumple los presupuestos de varias formulaciones legales (varios tipos de delito) que expresan, sin embargo -eventualmente con un diferente grado de abstracción y una regulación también diferente de sus consecuencias jurídicas-, un solo contenido delictivo: nos encontramos, pues, ante un único delito pluralmente formulado. En el concurso ideal o real de delitos cada una de las formulaciones legales a las que se ajusta el comportamiento del autor solo cubre, en cambio, una parte del contenido delictivo del hecho o hechos realizados: se ha cometido, en esa medida, una pluralidad de delitos.”  Peñaranda Ramos, Concurso de leyes, error y participación en el delito, 1991, p. 184.  En el concurso ideal y real de delitos “las realizaciones delictivas implicadas concurren propia o auténticamente, e inciden en la determinación judicial de la pena que se impondrá al sujeto o a los sujetos condenados.  Frente a esto, se habla de un concurso impropio o aparente para designar casos en que a pesar de la apariencia de concurso, en definitiva, ha de negarse que la múltiple realización puramente formal del mismo o de los distintos tipos de delito tenga relevancia en la determinación de la pena.”  Mañalich Raffo, El concurso…, p.1039.  Véase además: Mir Puig, Derecho penal, 1998, p. 675; Nevares Muñiz, Derecho penal puertorriqueño, 2005, p. 135s. y 347.“La decisión de cuándo existe un concurso de leyes (y un solo delito) y no un concurso de delitos, así como, en su caso, la cuestión de que norma es preferente y cuál debe quedar desplazada, dependen de la interpretación de las distintas normas penales en juego.”  Mir Puig, p. 677.  El concurso de leyes “se diferencia del concurso ideal de delitos, con el que a menudo se le ha confundido, porque en éste hay realmente encuadramiento múltiple y en el concurso aparente de leyes sólo se trata de decidir la subsunción.  Beling ha dicho que este aparente conflicto es de previa resolución para el concurso ideal.”  Jiménez de Asúa, La ley y el delito, 1984.  “En los supuestos descritos […] –coincidencia total de acción y de resultado material, y más de un bien jurídico lesionado– habrá también que descartar primero la procedencia del concurso de leyes, del llamado, aquí, concurso ideal aparente.  Sólo después estaremos en condiciones de apreciar, y aquí la doctrina es unánime, concurso ideal.”  Joshi Jubert, Unidad de hecho…, p. 624s.  En este sentido, “el aspecto más relevante de la regla del artículo 78 [sobre concurso ideal y medial de delitos] es la exigencia de que las disposiciones penales aplicables valoren aspectos diferentes del hecho.  Interpretada a contrario, lo que la cláusula exige es que entre las distintas realizaciones típicas no pueda fundamentarse un concurso impropio, lo cual supondría que los dos o más tipos de acción punible expresen la misma valoración negativa del hecho, de modo que su aplicación conjunta resulte excesiva.”  Mañalich Raffo, El concurso…, p. 1197.  “Estamos ya en condiciones de enfrentarnos a la resolución de [otros] supuestos […] [en que] existe, primero, pluralidad de hecho, ya sea porque existe más de una acción (coincidencia parcial de acciones), ya sea porque existe más de un resultado material; y segundo, pluralidad de delitos (lesión de más de un bien jurídico, bien sea por lesionarse el mismo bien jurídico varias veces, o distintos bienes jurídicos).  Con ello queda claro que cumplen los requisitos para que, en principio, entren en juego las reglas del concurso real.”  Joshi Jubert, Unidad de hecho…, p. 632.  “Ahora bien, no todos los casos de pluralidad de hechos debido a la coincidencia parcial van a ser reconducidos a los [tratamientos del concurso real o medial].  Efectivamente, primero habrá que excluir de este tratamiento los supuestos de concurso real aparente; […].”  Id., p. 633s.  En este sentido, “debe tenerse presente que en Puerto Rico —al igual que en España y Alemania— para que se dé un concurso real de delitos no es suficiente la ocurrencia de varias acciones, sino que es necesario que éstas constituyan varios hechos punibles susceptibles de ser valorados separadamente.”  Álvarez Vargas, p. 12, n. 6.

3.    Las soluciones del concurso de leyes: art. 12 CP       

   El nuevo CP 2004 trata el concurso de leyes en su primer Título I: De la ley penal, Cap. I: De los principios para la aplicación de la ley penal, Sec. 3ª: De la interpretación, específicamente en su art. 12, el cual dispone:Art. 12: Concurso de disposiciones penales.Cuando un mismo hecho se regula por diversas disposiciones penales:(a) La disposición especial prevalece sobre la general.(b) La disposición de mayor alcance de protección al bien jurídico absorberá la de menor amplitud, y se aplicará la primera.(c) La subsidiaria aplicará sólo en defecto de la principal, si se declara expresamente dicha subsidiaridad, o ésta se infiere. Este art. 12 CP atiende la situación tradicionalmente conocida como concurso aparente de delitos o concurso de leyes.  Nevares Muñiz, Der…, 136;  Mañalich Raffo, El concurso…, 1188s.; Chiesa Aponte, Der…, 71-73.  En el concurso de leyes el hecho enjuiciado “tan sólo aparenta infringir dos tipos delictivos, pues éstos protegen el mismo bien jurídico.”  Álvarez Vargas, p. 6.  Se trata de “casos en que a pesar de la apariencia de concurso, en definitiva, ha de negarse que la múltiple realización puramente formal del mismo o de los distintos tipos de delito tenga relevancia en la determinación de la pena.”  Mañalich Raffo, El concurso…, p. 1039.  Nótese que “[e]sto no se debe a que no concurran dos o más realizaciones típicas, sino a que su incidencia en la determinación de la pena contravendría la prohibición de doble valoración.”  Id., p. 1040, 1043.“El artículo 12 del Código Penal de 2004 codifica las reglas reconocidas en el derecho comparado para atender el concurso aparente de normas.  Se trata de un concurso de disposiciones penales, de entre las cuales, utilizando las normas de interpretación, se seleccionará por qué tipo legal acusar, ya que en efecto se trata de un solo delito.  Los tres principios adoptados en el artículo 12 son: especialidad, consunción y subsidiaridad.”  Nevares Muñiz, Der…, p. 136.  El art. 12 CP recoge así “los criterios específicos bajo los cuales es correcta la afirmación de un concurso aparente.”  Mañalich Raffo, El concurso…, p. 1044.  Es con los criterios del art. 12 CP con los que “es necesario interpretar las normas aplicables para así acusar por aquél delito que por sí sólo valora la conducta delictiva.”  Álvarez Vargas, p. 6.  “En estos casos, el desvalor del acto cometido por el sujeto es abarcado totalmente por el precepto cuya aplicación excluye la concurrencia de los demás en virtud de alguno de los principios antes mencionados.”  Chiesa Aponte, Der…, p. 71.El art. 12(a) CP recoge el criterio o principio de especialidad: “un precepto es mas especial que otro cuando requiere, además de los presupuestos igualmente exigidos por este segundo, algún otro presupuesto adicional.  Todo hecho que realiza el precepto especial realiza necesariamente el tenor literal del general, pero no todo hecho que infringe el precepto general realiza el tenor literal del especial.”  Cardenal Montraveta, Homicidio intentado y lesiones consumadas en el mismo sujeto pasivo: ¿Concurso de leyes o concurso de delitos?, 48 ADPCP 1009, 1033 (1995).  Véase: Pueblo v. Ramos Rivas, 2007 TSPR 138; Chiesa Aponte, Der…, 71s.; Nevares Muñiz, Der…, 137s.; Mañalich Raffo, El concurso…, 1045; Mir Puig, Der…, 677s.El art. 12(b) CP recoge el principio de consunción: este principio “conduce a afirmar que un precepto desplaza a otro cuando por sí solo incluye ya el desvalor que éste supone, por razones distintas a la especialidad y a la subsidiariedad. La regla [del art. 12(b) CP] se refiere, en estos supuestos, a que el precepto desplazante será aquél [de mayor alcance o amplitud]. La doctrina trata de precisar más los supuestos en que puede operar la idea de consunción incluyendo dos grupos de casos: a) los actos posteriores impunes o, mejor, co-penados; b) los supuestos en que un hecho normalmente acompaña a otro. Aquí no llega a suceder, como en la especialidad, que el hecho necesariamente realiza la descripción típica de varios preceptos, pero sí que normalmente la realización de un supuesto de hecho típico conlleva la de otro. Por esta razón, se parte de que el legislador ha de haberlo previsto al fijar la pena del delito que normalmente supone el hecho acompañante.”  Cardenal Montraveta, supra, p. 1034s.  “Se trata, de ordinario, de ofensas graves cuya ocurrencia generalmente supone la comisión de otras ofensas menos graves.”  Chiesa Aponte, Der…, p. 73.  Véase además: Nevares Muñiz, Der…, 139s.; Mañalich Raffo, El concurso…, 1047; Mir Puig, Der…, 679-681.El art. 12(c) recoge el principio de subsidiariedad: este principio “interviene cuando un precepto penal sólo pretende regir en el caso de que no entre en juego otro precepto penal. El primer precepto es entonces subsidiario respecto del segundo y queda desplazado cuando éste aparece. La subsidiariedad puede ser expresa o tácita, según se halle prevista expresamente por la misma ley o deba deducirse de su sentido. La subsidiariedad tácita debe admitirse cuando la interpretación del sentido de un precepto pone de manifiesto que no pretende ser aplicado en el caso de que concurra otra posible calificación más grave del hecho, por constituir ésta una forma de ataque más grave o acabada del mismo bien jurídico.”  Cardenal Montraveta, supra, p. 1033.  “[E]l precepto subsidiario desempeña, pues, respecto del principal, una ‘función de recogida’, esto es, se aplica a los casos que no puedan enjuiciarse conforme a la norma principal”.  Cobo/Vives, Der…, p. 135.  Véase: Chiesa Aponte, Der…, 72; Nevares Muñiz, Der…, 138s.; Mañalich Raffo, El concurso…, 1045s.; Mir Puig, Der…, 678s.En todos los casos en que conforme los principios de especialidad, consunción y subsidiariedad del art. 12 CP se determina que los varios tipos penales literalmente aplicables están en relación de concurso de leyes, entonces se está ante un solo hecho constitutivo de un único delito al que aplica su única pena.  “En estos casos, el desvalor del acto cometido por el sujeto es abarcado totalmente por el precepto cuya aplicación excluye la concurrencia de los demás en virtud de alguno de los principio antes mencionados.”  Chiesa Aponte, Der…, p. 71.  Conforme el art. 12 CP, el tipo especial, el tipo de mayor alcance de protección al bien jurídico o, finalmente, el tipo principal, será el único tipo penal a ser aplicado que prevalece sobre los demás tipos literalmente aplicables a los cuales desplaza.  Nevares Muñiz, Der…, 136; Mañalich Raffo, El concurso…, p. 1194; Mir Puig, Der…, 675; Cobo/Vives, Der…, 134.  Por ello, “cuando se está ante un concurso aparente lo correcto es procesar al acusado por un solo delito.  No se trata, por tanto, de un principio de determinación de la pena, sino de una forma de interpretación de la ley penal.  En estos supuestos, la correcta interpretación del estatuto lleva a la conclusión de que únicamente debe procesarse al acusado por la comisión de un solo delito.”  Chiesa Aponte, Der…, p. 73.

La legislatura claramente ha expresado que “[l]a regulación del concurso de normas se incorpora al Código para orientar en la interpretación de la ley y en el procesamiento criminal (artículo 12)”, ello porque el CP 1974 “sólo tenía la norma de especialidad en el Artículo 5”.  Informe de la Comisión Jurídico del Senado sobre el P. del S. 2302, p. 22.  Así pues, “[d]ebe destacarse que bajo la representación legislativa, parece darse una línea de continuidad entre este nuevo artículo 12 y el artículo 5 del Código de 1974, que, […], en todo caso se restringe a los supuestos de especialidad.  Bajo esta suposición, es innegable que la innovación es fundamental, toda vez que implica la extensión de la afirmación de ‘un solo delito’ a casos en que la relación lógico-conceptual entre los tipos realizados es la interferencia […].”  Mañalich Raffo, El concurso…, p. 1190.

4.    Las soluciones del concurso de delitos: art. 78 y 79 CPLuego del CP 2004 atender la solución del concurso de leyes en el art. 12 de su primer Título I: De la ley penal, tras 4 Capítulos, 11 Secciones, y 75 artículos más, en otra parte nítidamente separada por todo el Título II: De los elementos del delito y de la conducta delictiva, el CP atiende entonces la solución del concurso de delitos en los art. 78 y 79 de su Título III: De las consecuencias del delito.  Estos art. 78 y 79 CP disponen:Art. 78: Concurso ideal y medial de delitos.Cuando sean aplicables a un hecho dos o más disposiciones penales, cada una de las cuales valore aspectos diferentes del hecho, o cuando uno de éstos es medio necesario para realizar el otro, se condenará por todos los delitos concurrentes, pero sólo se impondrá la pena del delito más grave, seleccionada de la mitad superior del intervalo de pena. Art. 79: Concurso real de delitos.     Cuando alguien haya realizado varios delitos que sean juzgados simultáneamente, cada uno de los cuales conlleva su propia pena, se le sentenciará a una pena agregada, que se determinará como sigue: (a) Cuando uno de los delitos conlleve pena de reclusión de noventa y nueve (99) años, ésta absorberá las demás.  (b) Cuando más de uno de los delitos conlleve reclusión por noventa y nueve (99) años, se impondrá una pena agregada del veinte (20) por ciento por cada víctima.  (c) En los demás casos, se impondrá una pena para cada delito y se sumarán, no pudiendo exceder la pena agregada del veinte (20) por ciento del límite máximo del intervalo de pena para el delito más grave. “Existe concurso de delitos cuando un hecho constituye dos o más delitos o cuando varios hechos de un mismo sujeto constituyen otros tantos delitos, […].  En el primer caso se habla de concurso ideal, mientras que en el segundo se produce un concurso real.  Dentro de este último el Código penal distingue el supuesto de que uno de los delitos sea medio necesario para cometer otro (concurso medial).  El concurso ideal y el medial reciben el mismo tratamiento jurídico en nuestro Derecho, contraponiéndose al régimen general del concurso real.”  Mir Puig, Der…, 668s.El concurso ideal de delitos es tipificado en la parte del art. 78 CP que dispone para “[c]uando sean aplicables a un hecho dos o más disposiciones penales, cada una de las cuales valore aspectos diferentes del hecho”.  “Hay concurso ideal cuando un solo hecho constituye dos o más delitos. Confrontando este concepto con el de concurso de leyes podemos concluir que en los supuestos de concurso ideal de delitos se hace necesaria la aplicación de todos los delitos efectivamente concurrentes porque es la única manera de aprehender todo el desvalor del hecho: solo aplicando todas las leyes infringidas se consigue aprehender el contenido total de injusto.”  Cardenal Montraveta, supra, 1040.  Véase además: Chiesa Aponte, Der…, 69; Nevares Muñiz, Der…, 352s.; Mañalich Raffo, El concurso…, 1035.El concurso medial de delitos es tipificado en la parte del art. 78 CP que dispone para “cuando uno de éstos [delitos] es medio necesario para realizar el otro”. “Existe un concurso medial cuando, a pesar de que el sujeto realizó varios actos y cometió varias ofensas, los delitos cometidos se encontraban en relación de medio a fin.  Tratándose de varios actos, este tipo de supuesto constituye verdaderamente un caso de concurso real.  Sin embargo, en atención a la íntima relación entre los delitos cometidos, se tratan conforme a las reglas del concurso ideal.”  Chiesa Aponte, Der…, p. 70.  Ante esta situación vale subrayar que “[d]e los dos preceptos que regulan el concurso real deberá comprobarse ante todo si se cumplen los requisitos del llamado concurso medial, por ser más beneficioso al reo.”  Joshi Jubert, Unidad de hecho…, p. 634.En relación a la exigencia del art. 78 CP para el concurso medial de delitos de que un delito sea “medio necesario” para realizar el otro, el TA erróneamente consideró (a p. 26 de su Sentencia, Anejo XIV, Ap. p. 117) que tal requisito “implica que una violación se considerará medio necesario para cometer otra en la medida en que la consumación de un delito no pudiera producirse sin la consumación de otro.”  Muy por el contrario, en el contexto del concurso medial del art. 78 CP, al igual que en España de donde proviene, “[q]ue un delito sea una forma necesaria para cometer otro, no significa que sea imprescindible, pues, en este último supuesto, […] estaríamos más bien frente a un concurso de leyes."  Joshi Jubert, Unidad de hecho y concurso medial de delitos, 45 ADPCP 613, 635 (1992).  En efecto, si de veras fuese como lo entiende el TA, que el concurso medial de delitos del art. 78 CP aplicase sólo cuando no puede cometerse un delito sin necesariamente cometer el otro, entonces el concurso medial sería del todo inefectivo pues colapsaría siempre en las relaciones de especialidad o de consunción del concurso de disposiciones penales del art. 12(a) y (b) CP.  Mañalich Raffo, El concurso…, p. 1199; Mir Puig, Derecho penal, 2002, p. 634.  “El medio será necesario cuando sea preciso.  Y esto sucederá en dos ocasiones.  Primero, en la coincidencia parcial, pues, esta zona común indica claramente que uno de los delitos constituye una forma precisa para realizar el otro.  Pero, segundo, también será necesario cuando de acuerdo con el plan del autor –valorado por supuesto ex ante y objetivamente– no se pueda alcanzar el delito de otra forma que no sea cometiendo otro delito.  […].  El plan del autor es la ejecución de un delito, no obstante, cuando vaya a llevarlo a cabo se encontrará en una situación tal que tendrá que realizar otro.  […].  Así, si A quiere violar a B, y entra en casa de este último sin su permiso cometerá además de un delito de violación, un allanamiento de morada.  Obsérvese que aquí, si bien no puede hablarse de coincidencia parcial entre los hechos, uno de ellos –la violación– se realiza cuando el otro –allanamiento de morada– todavía persiste en la situación antijurídica.”  Joshi Jubert, Unidad de hecho…, p. 635.En definitiva pues, la relación de “medio necesario” que exige el art. 78 CP para el concurso medial de delitos no exige tanto como que sea imposible realizar un delito sin a la misma vez e ineludiblemente realizar el otro.  “Hoy se interpreta la necesidad en un sentido concreto, requiriéndose sólo que en el caso concreto un delito no pudiera producirse sin el otro”.  Mir Puig, supra, 672.  “Se trata de casos en que la realización de un tipo delictivo aparece como el medio adecuado para la realización de otro tipo delictivo”.  Mañalich Raffo, El concurso…, 1038.  “En el concurso medial hay pluralidad de delitos, pero por estar atados a un objetivo o finalidad común” (Nevares Muñiz, Der…, 354), y “en atención a la íntima relación entre los delitos cometidos, se tratan conforme a las reglas del concurso ideal” (Chiesa Aponte, Der…, p. 70).Finalmente, el concurso real de delitos es tipificado en el art. 79 CP para “[c]uando alguien haya realizado varios delitos que sean juzgados simultáneamente, cada uno de los cuales conlleva su propia pena”.  Son subsumibles aquí los supuestos en que “una pluralidad de hechos de un mismo sujeto constituye una pluralidad de delitos”.  Mir Puig, supra, 673.  “Se trata de casos en que el actor comete con cada uno de sus actos un delito distinto y separado del otro.”  Chiesa Aponte, Der…, p. 67.  De ahí que el concurso real pueda ser reconducido, junto con el agravante de reincidencia, al concepto superior de reiteración.  Tanto el concurso real como la reincidencia designan situaciones de reiteración de delitos respecto de un mismo sujeto.  La diferencia se encuentra en que el concurso real supone que no se dé la circunstancia que distingue a la reincidencia, la condena previa por uno de los hechos.”  Mañalich Raffo, El concurso…, p. 1034s.  Véase además: Álvarez Vargas, p. 7 y 8, n. 3; Nevares Muñiz, Der…, 354-356.En todos los casos en que se determina que los varios tipos penales aplicables a un evento desvaloran aspectos diferentes del mismo, entonces su autor puede ser declarado culpable o convicto por cada uno de los varios delitos, y ello igualmente sea el concurso de delitos uno ideal, medial o real. Por el contrario, conforme los art. 78 y 79 CP, la pena se determina de forma distinta, a base de si los varios delitos fueron realizados mediante un mismo hecho o mediante varios hechos distintos.  Si se trata de un solo hecho, entonces se está ante un concurso ideal y se aplica sólo la pena más grave en su mitad superior.  Chiesa Aponte, Der…, p. 69s.; Nevares Muñiz, Der…, p. 353; Mañalich Raffo, El concurso…, 1200.  Si por el contrario se trata de varios hechos, pero éstos están en relación de medio a fin, entonces se está ante un concurso medial de delitos y se aplica también sólo la pena más grave en su mitad superior.  Chiesa Aponte, Der…, p. 71; Nevares Muñiz, Der…, p. 354; Mañalich Raffo, El concurso…, 1200.  Finalmente, si se trata de varios hechos que no están en relación de medio a fin, entonces la pena global será la suma de las penas de cada uno de los delitos, hasta el límite de la pena máxima del delito más grave más un 20%.  Nevares Muñiz, Der…, p. 405-407, 355; Chiesa Aponte, Der…, p. 67s.; Mañalich Raffo, El concurso…, p. 1202.  En general, véase: Informe del Senado, supra, p. 38s.

5.    Resumen: método de solución del concurso de delitos

Cuando el hecho objeto de enjuiciamiento penal es literalmente subsumible en varios tipos penales o en el mismo tipo penal varias veces, surgen entonces varios problemas en la interpretación y aplicación de la ley que se resuelven con base en una teoría general de concurso de delitos.  Con base en las innovaciones en materia de concurso de delitos introducidas con el nuevo CP 2004, el método para resolver los problemas de concurso de delitos consiste en:  (1º)

Solución del concurso aparente de leyes: art. 12 CP

En primer lugar ha de determinarse si procede la solución del concurso de leyes.  Esto requiere determinar si, con base en los criterios de especialidad, consunción o subsidiariedad del tratamiento del concurso de disposiciones penales del art. 12 CP, el desvalor completo del hecho enjuiciado es agotado con la aplicación de uno solo de los varios tipos penales concurrentes.  En este caso se trata de una sola unidad de hecho típica que realiza ese único delito y al que correspondería su única pena, a ser fijada de conformidad con sus circunstancias atenuantes y agravantes (art. 70-74 CP).(2º)

Solución del auténtico concurso de delitos: art. 78 y 79 CP 

 De no poder agotarse el desvalor del hecho enjuiciado con la aplicación de uno solo de los tipos penales concurrentes, sino que la aplicación de uno de los tipos agota sólo parte del desvalor del hecho y es necesario aplicar algún otro tipo para agotar el resto, entonces lo que procede es la solución del concurso de delitos.  Para la fijación de la pena en estos casos de concurso de delitos es necesario determinar además, con base en los criterios de unidad de hecho y de relación medial entre varios hechos de los art. 78 y 79 CP, si se trata de un concurso ideal, medial o real de delitos.  Esto requiere determinar entonces: (a) si la totalidad del hecho enjuiciado es subsumible en al menos uno de los varios tipos concurrentes, caso en que se trata de una sola unidad de hecho típica que realiza varios delitos.  Esta es la situación de concurso ideal de delitos del art. 78 CP; según éste, procede condenar al autor por los varios delitos concurrentes, pero a una única pena a ser fijada dentro de la mitad superior del intervalo de pena del delito más grave (art. 70-74 CP).  (b) de no poderse susbsumir la totalidad del hecho enjuiciado en alguno de los tipos concurrentes, sino que parte se subsume en uno y el resto en otro de los varios tipos penales concurrentes, entonces se trata de varias unidades de hecho típicas que realizan sus respectivos varios delitos. En esta situación de varias unidades de hecho típicas es necesario determinar finalmente: (i) si las varias unidades de hecho típicas se encuentran en relación de medio a fin, caso en que se trata de varios delitos en el concurso medial de delitos del art. 78 CP; según éste, procede condenar al autor por los varios delitos concurrentes, pero a una única pena a ser fijada dentro de la mitad superior del intervalo de pena del delito más grave (art. 70-74); o (ii) si las varias unidades de hecho típicas no se encuentren en relación de medio a fin, caso en que entonces se trata de varios delitos en el concurso real de delitos del art. 79 CP; según éste, procede condenar al autor por los varios delitos concurrentes, fijar para cada uno su pena (art. 70-74 CP) y sumarlas todas hasta el límite de la pena máxima del delito más grave aumentada un 20%.  

C.     La Ley de Armas trata de forma especial el concurso de delitos, no así el concurso de leyes  

Todo el aquí antes descrito tratamiento altamente diferenciado de la problemática del concurso de delitos que introduce el nuevo CP 2004, con sus dos vías principales de solución de, por un tramo, el concurso aparente de leyes del art. 12 CP o, por el resto del otro tramo, el auténtico concurso de delitos de los art. 78 y 79 CP, no es festinadamente desechado de un plumazo por la Ley de Armas ni tampoco ello se obtiene por implicación alguna de su texto.  Tal escamoteo del alto nivel de racionalización de nuestro moderno Derecho penal puertorriqueño en la implementación del principio de proporcionalidad entre delito y pena es en el que sin embargo y lamentablemente se basan las sentencias del TPI y el TA aquí recurridas.Recientemente, en Pueblo v. Ramos Rivas, 2007 TSPR 138, p. 10, este Tribunal Supremo expresó: “El tratadista Jiménez de Asúa plantea que aun cuando frecuentemente es sencillo decidir cual de las dos normas concurrentes del ordenamiento jurídico es la que aplica en un caso concreto: ‘a veces[,] se presentan dificultades y es preciso trazar reglas para saber cuando una disposición consiente o excluye la coetánea o sucesiva aplicación de la otra, respecto la misma situación de hecho.  A esto se llama conflicto aparente de disposiciones penales, que no sólo se presenta en orden de tipos delictivos, sino en cuanto a los preceptos de la Parte general (una circunstancia agravante o atenuante, por ejemplo).’  […]  L. Jiménez de Asúa, La ley y el delito, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 13era ed., 1984, pág. 141.  De lo anterior se desprende que el concurso aparente de leyes no tan solo se da en referencia a los tipos, sino que cobija otras materias o asuntos, entre las cuales cabe destacar las penas.  La reincidencia como sabemos es un agravante de la pena. Ibid., págs. 534-535. La profesora Nevares Muñiz nos explica también que la relación de especialidad se da no tan sólo entre una ley especial y otra general, sino también entre una disposición general y otra especial en una misma ley.  Nevares Muñiz, op., cit., págs. 137-138.”          Precisamente ello ocurre en la situación del caso de autos.  En efecto, con la concurrencia del CP 2004 y la Ley de Armas 2000 en el enjuiciamiento del hecho, este caso presenta un interesantísimo concurso de normas sobre concurso de normas, esto es, se concreta aquí “la posibilidad de que los diversos principios de solución de conflictos entren, a su vez, en conflicto.”  Cobo/Vives, Der…, p. 133.  Como se explica a continuación, el art. 7.03 Ley de Armas 2000 presenta un concurso de normas frente al tratamiento del concurso ideal, medial y real de delitos de los art. 78 y 79 CP 2004.  Por ello, con base en el principio de especialidad, el tratamiento del auténtico concurso de delitos del art. 7.03 Ley de Armas desplaza el más benigno de los art. 78 y 79 CP.  Por el contrario, el art. 7.03 Ley de Armas de 2000 no presenta concurso de normas alguno con el tratamiento del concurso aparente de leyes del art. 12 CP 2004.  Por ello, el tratamiento del concurso aparente de leyes del art. 12 CP aplica enteramente a la Ley de Armas.Desde el CP 1974, la regla básica en el Derecho penal puertorriqueño es que toda la regulación del Derecho penal contenida en la Parte General del CP es aplicable a todas las leyes especiales.  A estos efectos, de forma similar al primer párrafo del art. 5 CP 1974, el art. 11 del vigente CP 2004 dispone:Art. 11.  Aplicación del Código a otras leyes. Los principios contenidos en el Libro Primero de la Parte General de este Código aplican a la conducta regulada por otras leyes penales, salvo que éstas dispongan lo contrario. Según el art. 11 CP, “[l]as disposiciones de la Parte General del Código Penal son de aplicación a las leyes especiales.  Pero, de haber conflicto con relación a un mismo asunto entre una ley especial y el Código Penal, se aplicará el principio que requiere que prevalezca la ley especial, […].”  Nevares Muñiz, Der…, 140.  Así, si “[l]a ley especial no está en contraposición a la ley general o al Código Penal sino que constituye un complemento o especificación de un área de la Parte Especial del Código […], habrá de ser complementada por la Parte General del Código Penal.”  Id., 141.  Por ello, “las reglas generales que establece el Código penal son de aplicación cuando se procesan delitos particulares, tipificados por leyes especiales, que es precisamente la función de la parte general de un Código Penal.”  Malavet Vega, Manual de Derecho penal puertorriqueño, 1997, p.152s.Así las cosas, en el caso de autos el peticionario no disputa que en relación a la nueva Ley de Armas de 2000 no puede aplicarse el tratamiento general del auténtico concurso de delitos de los art. 78 y 79 CP.  Ello sin duda es lo correcto en virtud del art. 11 CP y de que el art. 7.03 de Ley de Armas regula de forma especial el auténtico concurso de delitos.  No obstante esta regulación especial del auténtico concurso de delitos, el peticionario alega que el tratamiento general del concurso aparente de leyes es por el contrario enteramente aplicable en relación a la nueva Ley de Armas.  Ello sin duda también es lo correcto en virtud de la regla básica de aplicación de la Parte General CP a las leyes especiales del art. 11 CP y del hecho que la Ley de Armas no regula de forma especial el concurso aparente de leyes.  Que así es lo explica, por supuesto y en primer lugar, el texto de la ley, y, en segundo lugar y de forma muy especial, su interpretación histórica.Precisamente un grave evento histórico en el Derecho penal puertorriqueño es que ha sido sólo la costumbre, no la ley, la que ha fomentado por los últimos años la imposición de más de una pena por un mismo delito de armas siempre que, como es frecuente, el mismo hecho delictivo aparece definido en la Ley de Armas en diversas disposiciones penales que sin embargo protegen el mismo bien jurídico (situación de concurso de leyes: art. 12 CP).  Esta costumbre se originó en una práctica de 50 años bajo la vigencia de la vieja Ley de Armas de 1951.  El hecho que durante toda la última mitad del recién concluido siglo XX en Puerto Rico se aplicase constantemente más de una pena por un mismo hecho delictivo cuando éste aparecía regulado por diversas disposiciones penales de la vieja Ley de Armas, es lo que explica por qué la costumbre así generada es tan fuerte que siquiera permite apreciar la infracción del principio de legalidad punitiva que implica continuar esa práctica a partir de la nueva Ley de Armas 2000.Ante esta situación, hay que insistir, aquí incluso con más ahínco: “De poco valdrá contar con un moderno estatuto punitivo si los intérpretes (jueces, profesores, litigantes) permanecen anclados en el pasado por fíat del stare decisis, negándose a reconocer los avances legislativos.”  Granados Peña, El código…, supra, p. xl.  “Cambios como éste obligan a los abogados y a los jueces a ser cuidadosos en la interpretación del Código Penal.  Pero más aún, los obliga a sopesar adecuadamente el valor que tienen los precedentes judiciales, sobre todo aquellos que discuten figuras que han sufrido modificaciones.”  Hernández Denton, Prólogo, supra, p. xv.    Antes que el CP 2004, ya la nueva Ley de Armas de 2000 había comenzado el ascenso a una mayor racionalidad en la solución del problema de concurso de delitos al dejar atrás el déficit de diferenciación que existía bajo la vieja Ley de Armas de 1951.  El art. 43 de la vieja Ley de Armas permitía condenas por cada una de sus disposiciones penales a que se ajustaba el hecho juzgado, sin distinguir en lo más mínimo el concurso de leyes del concurso de delitos y sin regla alguna para la acumulación de las múltiples penas.  A estos efectos, el art. 43 de la vieja Ley de Armas disponía:Art. 43. Proceso como impedimento para otra acción El proceso y castigo de cualquier persona por cualquiera de los delitos definidos y castigados por esta ley no impedirá el proceso y castigo de la misma persona por cualquier otro acto u omisión en violación de cualquiera de las demás disposiciones de esta ley, del Código penal, o de cualquier otra ley. Puede apreciarse que el art. 43 de la vieja Ley de Armas trataba de forma indiferenciada tanto “los delitos definidos y castigados por esta ley” como la “violación de cualquiera de las demás disposiciones de esta ley, del Código Penal, o de cualquiera otra ley.”  Como la referencia era no sólo a los “delitos definidos y castigados” sino además a la mera “violación de […] disposiciones” el art. 43 Ley de Armas de 1951 disponía un tratamiento especial indiferenciado tanto para el auténtico concurso de delitos como para el concurso aparente de leyes.  De esta forma, no sólo se excluía la aplicación del tratamiento general del auténtico concurso de delitos del art. 63 CP 1974, sino que además se excluía el tratamiento general del concurso aparente de leyes del principio de especialidad del art. 5 CP 1974.  Debido al art. 43 de la vieja Ley de Armas era frecuente la imposición de penas por un mismo hecho regulado en diversas disposiciones penales que sin embargo protegían el mismo bien jurídico de la seguridad pública.  Así, por ejemplo, a todo culpable del delito de portación de arma sin licencia del art. 8 Ley de Armas 1951, se le castigaba no sólo por ese delito sino además por el delito de posesión de esa arma sin licencia, definido en el art. 6 de la misma ley.  Nótese que entre el delito de posesión de arma sin licencia y el de portación de arma sin licencia existe un concurso de leyes con base en el principio de especialidad: el delito de portación de arma es un delito especial respecto al de su posesión, pues requiere todos los elementos de éste más el elemento adicional de portación.  El hecho de que una persona cargue sobre su persona un arma de fuego necesariamente implica, o conlleva a su vez, la posesión o tenencia física de la misma.”  Pueblo v. Vega Pabón, 144 DPR 416, 421 (1997).  A pesar de la existencia de esta situación de concurso de leyes por especialidad entre los tipos penales de posesión y portación de arma sin licencia, el art. 43 de la vieja Ley de Armas claramente autorizaba en estos casos castigar por ambos delitos.  Pueblo v Calviño Cereijo, 110 DPR 691 (1981); Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. II, 1992, p. 424s. y 435s.; Malavet Vega, Manual…, p. 539s.Esta costumbre de castigar un mismo delito regulado por diversas disposiciones penales que se generó bajo la vieja Ley de Armas parece haber causado que en general haya pasado desapercibido que su antiguo art. 43 no fue continuado en la nueva Ley de Armas de 2000.  Esta atendió la solución de concurso de delitos en su art. 6.03, el cual originalmente dispuso: Art. 6.03. Agravamiento de las penas.Cuando una persona fuere convicta en virtud de esta Ley, el tribunal en su sentencia deberá determinar que el término de reclusión habrá de cumplirse de forma consecutiva con cualquier o cualesquiera otros términos de reclusión.Toda persona que resulte convicta de alguna de las disposiciones de esta Ley, y que dicha convicción esté asociada y sea coetánea a otra convicción de cualquiera de las disposiciones de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, con excepción del Artículo 404 de la misma, o de la Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978, según enmendada, conocida como la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, será sancionada con el doble de la pena provista en esta Ley.”           Nótese que el art. 6.03 de la Ley de Armas de 2000 no se titula ya, como antes el art. 43 de la vieja Ley de Armas, Proceso como impedimento para otra acción.  El art. 6.03 de la nueva Ley de Armas fue titulado, más precisamente: Agravamiento de penas.  Nótese también que el art. 6.03 de la nueva Ley de Armas no se refiere, como antes el art. 43 de la vieja ley, además de a “los delitos definidos y castigados bajo esta ley”, también a la “violación de cualquiera de las demás disposiciones de esta ley, del Código penal, o de cualquier otra ley”.  El art. 6.03 de la nueva Ley de Armas se refiere más precisamente sólo a que la pena de reclusión que se impone a la “persona convicta en virtud de esta Ley”, “habrá de cumplirse de forma consecutiva con cualquier o cualesquiera otros términos de reclusión.”  Como puede apreciarse, nada dijo el art. 6.03 de la nueva Ley de Armas sobre procesar y castigar por la “violación de cualquiera de las demás disposiciones” penales de cualquier ley, como por el contrario sí añadía claramente el antiguo art. 43 de Ley de Armas de 1951.            La voluntad de abandonar la regla del antiguo art. 43 de la vieja Ley de Armas, con deficitaria regulación del concurso aparente de leyes de forma indiferenciada del auténtico concurso de delitos, lo confirma de forma paradigmática la nueva Ley de Armas 2000 con sus delitos de portación y posesión de una misma arma, que constantemente por medio siglo se castigaban cada uno individualmente bajo la antigua Ley de Armas.  Así, el nuevo delito de posesión de arma del art. 5.06 Ley de Armas 2000 se refiere al hecho de quien “tenga o posea, pero que no esté portando, un arma de fuego sin tener licencia”.  Es claro pues que a partir de la nueva Ley de Armas de 2000, ya no es correcto imponer penas por ambos delitos de portación de un arma de fuego y, además, por su posesión.          Con el primer párrafo de su art. 6.03 la nueva Ley de Armas de 2000 trataba así de forma especial sólo el auténtico concurso de delitos, para el cual autorizaba la suma de las diversas penas sin límite alguno.  Por el contrario, la Ley de Armas de 2000 no trató de forma especial alguna el concurso aparente de leyes, por lo que su solución habría que buscarla en la regulación de la Parte General del CP, conforme la regla básica de que toda la regulación del Derecho penal contenida en la Parte General del CP es aplicable a todas las leyes especiales (art. 5 CP 1974; art. 11 CP 2004).            La Ley de Armas de 2000 fue enmendada primero por la Ley Núm. 27 de 10 de enero de 2002, ley que entre otras cosas no sólo renumeró el art. 6.03 a art. 7.03 Ley de Armas, sino que además y con mucha mayor importancia suprimió todo su primer párrafo.  De esta forma, la nueva Ley de Armas dejó de atender de forma especial la solución del auténtico concurso de delitos.  Por ello, y conforme nuevamente a la regla básica de aplicación de la Parte General del CP a las leyes especiales, no sólo el concurso aparente de leyes sino además el auténtico concurso de delitos en relación a la Ley de Armas recibirían ambos su tratamiento general dispuesto en el CP.            Desde el punto de vista del derecho fundamental al principio de legalidad punitiva, no podría ser más importante aún el hecho que, a partir de la vigencia de la Ley 27 de 2002, no existía pedazo alguno de un texto de ley que pudiese fundamentar que las penas por delitos de armas se acumularan sin límite alguno en los casos que se trataba de las situaciones de concurso de leyes o concurso de delitos según su tratamiento general en el CP.  Durante este tiempo, y hasta la vigencia de la enmienda en el 2004 del art. 7.03 Ley de Armas, ésta Ley guardaba absoluto silencio en relación a ambas materias concurso aparente de leyes y auténtico concurso de delitos. Por ello, durante ese tiempo todas las penas impuestas por delitos de armas, que sin embrago no estaban autorizadas por el tratamiento general del concurso de leyes y de delitos del CP, quebrantan el principio de legalidad punitiva al no haber pedazo de ley alguno que las fundamente.  Tales penas tienen más bien sólo una explicación sociológica, a saber: la inmemorial costumbre generada bajo el antiguo art. 43 de la vieja Ley de Armas 1951.   

        Como sea, esa no es precisamente la situación del aquí peticionario.  Para la fecha del hecho enjuiciado en el caso de autos, el art. 7.03 Ley de Armas 2000 había sido enmendado por la Ley Núm. 137 de 3 de junio de 2004, la cual reintrodujo el original tratamiento especial del auténtico concurso de delitos. La Ley 137 de 2004, ya desde su título afirmaba se aprobaba para, entre otras cosas, “establecer que las penas serán consecutivas y se cumplirán en su totalidad en días calendario sin derecho a bonificaciones, desvíos o alternativa a la reclusión”.  En su Exposición de motivos, se dice: “El 11 de septiembre de 2000 entró en vigor la Ley Núm. 404 conocida como la ‘Ley de Armas de Puerto Rico’.  Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 27 de 10 de enero de 2002, para corregir y aclarar varios aspectos de la Ley Núm. 404, supra.  […].  Sin embargo, al implantar esta legislación ha surgido la necesidad de reevaluar su contenido, para atemperarla aún más a las exigencias de nuestra sociedad.  La lucha por combatir la criminalidad requiere que contemos con una Ley de Armas efectiva, que establezca los controles necesarios para evitar el uso ilegal de las mismas y municiones.  Por consiguiente, mediante esta medida nos proponemos fortalecer las herramientas al alcance del sistema judicial y corregir lagunas existentes para penalizar severamente al delincuente que hace mal uso de la licencia de armas y sus permisos así como el uso de armas y municiones ilegales.”  Esta Ley 137 de 2004 entre otras casas añadió así un segundo párrafo al art. 7.03 de la nueva Ley de Armas (el cual consistía entonces de un solo párrafo, a saber, el que originalmente era el segundo párrafo del art. 6.03 Ley de Armas antes que la Ley 27 de 2002 lo renumerara a art. 7.03 y suprimiera su primer párrafo, aquél en que originalmente se trataba de forma especial el concurso de delitos).  El segundo párrafo del art. 7.03 la nueva Ley de Armas ahora dispone:   

       Art. 7.03.  Agravamiento de penas.                   […].Todas las penas de reclusión que se impongan bajo esta Ley serán cumplidas consecutivamente entre sí y consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra ley. Además, si la persona hubiere sido convicta anteriormente por cualquier violación a esta Ley o por cualquiera de los delitos especificados en el Artículo 2.11 de esta Ley o usare un arma en la comisión de cualquier delito y como resultado de tal violación alguna persona sufriera daño físico o mental, la pena establecida para el delito se duplicará. Nótese que el segundo párrafo de este art. 7.03 de Ley de Armas se refiere a que “las penas de reclusión que se impongan bajo está Ley serán cumplidas consecutivamente entre sí y consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra ley.”  Conforme esta disposición, en caso de auténtico concurso de delitos entre los delitos de armas y otros delitos, la pena por los delitos de armas habrán de ser impuestas de forma consecutiva a las penas impuestas por los otros delitos, ello sin límite alguno respecto a la pena total y de forma indiferente a si se trata de un concurso ideal, medial o real de delitos.  Como este tratamiento especial del concurso de delitos en el art. 7.03 de Ley de Armas es contradictorio al tratamiento general del concurso de delitos dispuesto en los art. 78 y 79 CP, según el art. 11 CP este tratamiento general del concurso de delitos del CP no es aplicable a las penas por delitos de Ley de Armas 2000.  Así precisamente: Nevares Muñiz, Der..., 358.

Nuevamente, igual que el original primer párrafo del art. 6.03 Ley de Armas 2000, a pesar de disponer un tratamiento especial para el auténtico concurso de delitos, el nuevo segundo párrafo del art. 7.03 Ley de Armas no dispuso un tratamiento especial para el concurso aparente de leyes.  Por ello hoy, bajo la Ley de Armas de 2000, según enmendada, y otra vez conforme la regla básica de aplicación de la Parte General del CP a todas las leyes especiales (art. 11 CP 2004), la solución del problema de concurso aparente de leyes hay que buscarla en su tratamiento general en el art. 12 CP.  En este sentido es sumamente elocuente el silencio de la redactora principal del nuevo CP 2004, cuando a pesar que en su exposición del concurso de delitos se expresa claramente en el sentido de que el art. 7.03 Ley de Armas desplaza la aplicación del tratamiento general del concurso de delitos de los art. 78 y 79 CP (Nevares Muñiz, Der..., 358), nada dice por el contrario respecto al art. 7.03 Ley Armas en su exposición del concurso aparente de leyes.  Nevares Muñiz, Der..., 135-141 (esp. p. 140 y 141).A estos efectos, nótese nuevamente que el art. 7.03 de la Ley de Armas de 2000 permanece con su título de Agravamiento de penas, sin haber nunca sido enmendado en un sentido siquiera parecido al título de Proceso como impedimento para otra acción del antiguo art. 43 de la vieja Ley de Armas de 1951.  Nótese además que el segundo párrafo del vigente art. 7.03 Ley de Armas se refiere sólo a “las penas de reclusión que se impongan bajo esta ley”.  Como puede apreciarse, nada dice el vigente art. 7.03 de la nueva Ley de Armas sobre procesar y castigar por la “violación de cualquiera de las demás disposiciones” penales de cualquier ley, como claramente lo hacía el antiguo art. 43 de la vieja Ley de Armas de 1951.   

  Como el art. 7.03 de la vigente Ley de Armas 2000 no se refiere a las disposiciones legales que definen los distintos delitos sino que se refiere más específicamente sólo a “las penas de reclusión que se impongan bajo está Ley”, dicho art. 7.03 regula de forma especial sólo el auténtico concurso de delitos, no así además el concurso aparente de leyes.  Nada dispone el art. 7.03 Ley de Armas sobre cuándo habrá de imponerse una pena bajo dicha Ley en casos en que al evento enjuiciado son literalmente aplicables varios tipos penales de la misma u otra ley.  Esta es la cuestión del concurso aparente de leyes que como cuestión distinta al auténtico concurso de delitos no aparece tratada en forma alguna en la vigente Ley de Armas.  Como la vigente Ley de Armas no dispone un tratamiento especial del concurso aparente de leyes que pudiera ser contradictorio al tratamiento general del concurso de disposiciones penales del art. 12 CP, entonces y otra vez más conforme la regla básica del art. 11 CP de aplicación de toda su Parte General a todas las leyes especiales, el tratamiento general del concurso aparente de leyes del art. 12 CP es enteramente aplicable a la nueva Ley de Armas.Esta interpretación del art. 7.03 Ley de Armas en el sentido de regula especialmente el concurso de delitos y por ello desplaza la regulación de los art. 78 y 79 CP, pero que por el contrario no regula especialmente el concurso de leyes y por tanto no desplaza la regulación del art. 12 CP, es una interpretación plenamente congruente con la voluntad legislativa indubitablemente expresada en la Ley 137 de 2004, la que volvió a introducir en la Ley de Armas su tratamiento especial del auténtico concurso de delitos. A estos efectos, nótese que mientras en dicha Ley se expresa claramente desde su título y exposición de motivos que se quiere que todas las penas que procedan por delitos de armas sean siempre consecutivas a las de otros delitos, brilla sin embargo por su ausencia la más mínima expresión de una voluntad legislativa de que además se impongan múltiples penas por un mismo hecho delictivo de armas siempre que, como es frecuente, éste aparezca regulado por diversas disposiciones penales de la Ley de Armas que protegen el mismo bien jurídico de la seguridad pública.  En resumen: el art. 7.03 Ley de Armas 2000, según enmendada, dispone un tratamiento especial para el auténtico concurso de delitos que es distinto al tratamiento general que disponen los art. 78 y 79 CP 2004.  Por tanto, conforme a la regla básica del art. 11 CP de aplicación de su Parte General a las leyes especiales en todo aquello que no les sea contraria, dicho tratamiento especial desplaza el tratamiento general dispuesto en los art. 78 y 79 CP para el concurso ideal, medial y real de delitos.  Por el contrario, la misma Ley de Armas no contiene tratamiento especial alguno del concurso aparente de leyes.  Por tanto, conforme la regla básica de aplicación de la Parte General a las leyes especiales del art. 11 CP, el tratamiento general del concurso aparente de leyes del art. 12 CP es enteramente aplicable a la Ley de Armas.

D.     La regulación legal del concurso de leyes y concurso de delitos y el derecho fundamental a la legalidad punitiva 

 “Uno de los preceptos mas elementales del derecho penal es el principio de legalidad.  El mismo se fundamenta en la limitación que tiene el Estado de procesar criminalmente a un ciudadano por actos que no estén prohibidos por ley y de imponer penas cuando la ley no las haya dispuesto con anterioridad a la comisión del delito.  [Art. 2 y 3 CP 2004; art. 8 CP 1974]. Nulla poena sine lege es la frase que resume este principio, el cual exige, como condición imprescindible para que el Estado pueda instar una acción penal, que exista una ley previa en la que se disponga el delito y su pena. Consecuencia lógica del principio de legalidad es la norma reiterada en nuestra jurisdicción de que los estatutos penales deben interpretarse restrictivamente y cualquier duda sobre su alcance o aplicación debe resolverse a favor del imputado.  […].  Cuando la ley es clara, el juez no debe valerse de normas de hermenéutica para extender su aplicación y alcance.  Esto es particularmente importante en el ámbito del derecho penal.  En ese sentido, la Rama Judicial hace poca justicia cuando no se ajusta a lo estrictamente establecido en el texto de la ley con el fin de agudizar la pena de los delitos.  Aún más en casos como el presente, en el que el propio texto, el historial legislativo y desarrollo de la ley refuerzan su significado original.” Pueblo v. Rodríguez Rosario, 2004 TSPR 159 (sentencia), p. 7s. (op. conc.).Por todo ello: “El principio de legalidad le impone la responsabilidad al juzgador, antes de imponer una pena, de examinar minuciosamente la ley que la provee, para asegurarse que ésta aplica indudablemente a la conducta del imputado.”  Pueblo v. Martínez Yanzanis, 142 DPR 871, 877 (1997); Pueblo v. Ruiz Martínez, 159 DPR 194, 211 (2003).  Así, “[e]n Pueblo v. Pizarro Solís, 129 DPR 911 (1992], pag. 927-928, [este Tribunal Supremo] reconoci[ó], al expresar[se] sobre el sistema de bonificaciones dispuesto en la Ley de la Administración de Corrección y como éstas incidían sobre el cumplimiento de las sentencias, que constituye una pena adicional que viola el principio de legalidad no concederle a la persona sentenciada las bonificaciones a que tiene derecho bajo la ley.  Así también viola el principio de legalidad concluir que un juez tiene autoridad para ordenar el cumplimiento de la pena en años naturales cuando la ley bajo la cual se condena guarda silencio sobre cómo se cumple, pues ello agrava la pena al tener que cumplir tiempo adicional. La certeza en la pena es presupuesto de legalidad. Pueblo v. Martinez Yanzanis, 142 D.P.R. 871, 879 (1997).  Pueblo v. Ramos Rivas, 2007 TSPR 138, p. 16.Por este contexto, es muy importante apreciar en la ya muy próxima argumentación final de los errores señalados, que la decisión del TA, al concluir que la persona acusada de delitos de Ley de Armas no se beneficia del tratamiento del concurso de leyes del art. 12 CP y que la persona acusada del secuestro de una persona mediante el robo del vehículo que conduce tampoco se beneficia del tratamiento del concurso medial de delitos del art. 78 CP, “tuvo el efecto de menoscabar la autoridad que la Rama Legislativa ejerció efectiva y expresamente al diferenciar entre las penas [aplicables en casos de concurso de leyes y las aplicables en los de concurso de delitos ideal y medial o real].  De igual, dicho tribunal se arrogó, vía interpretación judicial, la facultad de legislar las penas para [estas situaciones de concurso de leyes o de delitos].  Tal actuación es contraria al debido proceso de ley según instrumentado por el principio de legalidad.”  Rodríguez Rosario, supra, p. 19s. (respecto a una situación similar).          La cuestión última así planteada en esta petición de certiorari es si este Tribunal Supremo debe reconocer la existencia en nuestro sistema de administración de justicia penal de un quebrantamiento generalizado del derecho fundamental a la legalidad punitiva.  Se trata por supuesto de una cuestión sumamente delicada.            Ciertamente “[a] veces se le objeta a la dogmática penal que trata de partir un pelo por la mitad, su excesiva y exagerada elaboración conceptual. Pero si recordamos la significación de la pena, habrá que responder a esta objeción: Difícilmente puede exagerar la dogmática en lo que hace referencia a la fijación de conceptos.  […]  En un auténtico Estado social y de Derecho la dogmática es, […], un instrumento imprescindible para mantener el Derecho penal bajo control, para que la pena no llegue más lejos de donde el legislador se ha propuesto que llegue, […].”  Gimbernat Ordeig, ¿Tiene futuro la dogmática juridicopenal? (1970), en Gimbernat Ordeig, Estudios de Derecho penal, 1990, p. 140-161, p. 159s.  Con todo, las exigencias del principio de legalidad no deben “llegar a complicarse hasta el punto de que o fracasan en la práctica o la práctica fracasa en ella. […].  La eficacia óptima sólo aparece cuando la exigencia de taxatividad tan sólo (pero también) se sitúa tan alta que crítica a la praxis, sin ponerla en cuestión globalmente.”  Jakobs, Derecho penal, 1997, p. 79.  Es esta última situación la correctamente aquí planteada.  El peticionario no pretende complicar las exigencias del principio de legalidad de manera que fracasen en la práctica sino situarlas tan sólo (pero también) lo suficientemente alto como para poder criticar la práctica sin socavarla completamente.        

    A estos efectos vale recordar que la cuestión así planteada no es del todo infrecuente, como lo demuestra que recientemente situaciones semejantes hayan debido ser rectificadas por este Tribunal Supremo. Así, recién acaba este Tribunal Supremo en dos distintas ocasiones de intervenir para rectificar el quebrantamiento del principio de legalidad punitiva, precisamente en la misma materia de concurso de delitos, en relación primero a la regulación de la reincidencia de forma general en el CP y de forma especial en la Ley de Sustancias Controladas, en Pueblo v. Ramos Rivas, 2007 TSPR 138, y todavía más recientemente aun en relación al recién introducido (por lo que sin afectar una prolongada práctica) concurso real del CP 2004, en Pueblo v. Álvarez Vargas, 2008 TSPR 63.  Similarmente este Tribunal Supremo ha rectificado lo que también muy probablemente constituyen casos de quebrantamiento generalizado del principio de legalidad, específicamente en relación a la Ley de Armas y el beneficio de sentencia suspendida para su pena, en Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530 (1999) y Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 413 (2002).  Otro ejemplo más, ahora en el contexto de la Parte Especial del CP, en que este Tribunal Supremo, en el cumplimiento de su deber constitucional de vindicar la ley en el país y proteger los derechos humanos constitucionales fundamentales, entre ellos el derecho fundamental a la legalidad punitiva, lo es finalmente la reciente saga en torno al delito de fuga: Pueblo v. Figueroa Garriga, 140 DPR 225 (1996); Pueblo v. Ríos Dávila, 143 DPR 687 (1997); Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692 (1999); Pueblo v. Baéz Ramos, 149 DPR 469 (1999). 

E.     Aplicación de las innovaciones en materia de concurso de leyes y concurso de delitos introducidas por el CP 2004 y la Ley de Armas 2000 al hecho enjuiciado en el presente caso 

Ya parece se ha recorrido suficientes veces esos distintos tramos de las vías de solución de la problemática general del concurso de delitos, a saber, en primer lugar, el tramo del concurso aparente de leyes del art. 12 CP y, en segundo lugar, para el auténtico concurso de delitos, ambos tramos el general de los art. 78 y 79 CP así como el alterno especial del art. 7.03 Ley de Armas.  También se ha puesto toda esa regulación en su contexto del derecho fundamental a la legalidad punitiva. 

 Ahora es posible fundamentar de la forma más mínima pero cabal lo que se expresó a la Introducción.La aplicación de las importantes innovaciones en materia de concurso de delitos que introdujo el nuevo CP 2004, junto a los cambios ya antes introducidos en la misma materia de forma especial en la Ley de Armas de 2000 y sus enmiendas, resulta en este caso en una pena total considerablemente menor a la impuesta por el TPI y la modificada por el TA. Conforme el estado actual de la ley, en el caso de autos el delito de apuntar con un arma de fuego (art. 5.15 Ley de Armas) queda desplazado, conforme el art. 12 CP, por el delito de portación y uso de la misma arma de fuego (art. 5.04 Ley de Armas); por otro lado, los delitos de secuestro y robo (art. 169 y 199 CP) están, conforme el art. 78 CP, en relación de concurso medial de delitos; finalmente, y conforme el art. 7.03 Ley de Armas, la sentencia por el delito de portación y uso de arma de fuego habrá de cumplirse de forma consecutiva con la sentencia correspondiente al concurso medial de los delitos de robo de vehículo y secuestro.

1.     La aplicación del art. 5.15 Ley de Armas es desplazada por la aplicación al mismo hecho del art. 5.04 Ley de Armas (solución del concurso aparente de leyes: art. 12 CP) 

Respecto las condenas del peticionario por infracción de ambos art. 5.04 y 5.15 Ley Armas, el TA opinó (Sentencia, Anejo XIV, Ap. 119) que “el lenguaje utilizado en el referido art. 7.03, supra, permite la concurrencia de múltiples convicciones y múltiples castigos por violación a la Ley de Armas.”   Respetuosamente, y como aquí recién se acaba de explicar, esa interpretación del TA no está basada en el texto del art. 7.03 Ley de Armas 2000, sino en la costumbre generada con el medio siglo de vigencia del antiguo art. 43 de la Ley de Armas de 1951.  Según se explicó, el art. 7.03 Ley de Armas trata de forma especial el auténtico concurso (ideal, medial o real) de delitos, pero no así además la situación de concurso de leyes. 

Por tanto, aun cuando no debe aplicarse el tratamiento general del concurso de delitos de los art. 78 y 79 CP a los delitos de armas, por el contrario ha de recurrirse al tratamiento general del concurso de disposiciones penales del art. 12 CP para la solución del concurso de leyes.  Contrario a lo afirmado por el TA, el art. 7.03 Ley Armas se refiere sólo a “las penas” no además a las convicciones (condenas).  En este sentido la interpretación del TA del art. 7.03 Ley Armas constituye una analogía prohibida por el principio de legalidad punitiva.  La interpretación que hace el TA del art. 7.03 Ley Armas en efecto “le está añadiendo a éste último estatuto una exclusión adicional que no contempló el legislador.” Pueblo v. Rodríguez Velázquez, 152 DPR 192, 220 (2000) (op. conc.).Conforme el tratamiento del concurso de disposiciones penales del art. 12 CP, la aplicación del art. 5.04 de Ley de Armas desplaza la aplicación al mismo hecho de su otro art. 5.15, pues el tipo del delito definido en el art. 5.04 es un tipo especial en relación al tipo definido en el art. 5.15, cuyo desvalor es completamente consumido por el primero.  Además, el tipo de delito del art. 5.15 es un subsidiario al tipo del art. 5.04.El art. 5.15 de Ley de Armas por el cual se impuso al peticionario una pena de reclusión de 10 años, dispone en lo pertinente:Art. 5.15. Disparar o apuntar armas Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un término fijo de cinco (5) años, toda persona que, salvo en casos de defensa propia o de terceros, o de actuaciones en el desempeño de funciones oficiales o actividades legítimas de deportes: […] intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacia a1guna persona con un arma, aunque no le cause daño a persona a1guna. De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.[…]. Por el otro lado, el art. 5.04 Ley de Armas, por el cual además se impuso una pena de 15 años de reclusión, dispone en lo aquí pertinente: Art. 5.04. Portación y uso de armas de fuego sin licencia Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o parte de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente permiso para portar armas, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años. De cometer cualquier otro delito estatuido mientras lleva a cabo la conducta descrita en este párrafo, no tendrá derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir en años naturales la totalidad de la pena impuesta. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de cinco (5) años.[…]. El primer párrafo del art. 5.04 de Ley de Armas define como delito el portar un arma de fuego sin licencia para ello.  Ese mismo primer párrafo define una modalidad agravada del delito de portación o uso de arma de fuego sin licencia para cuando se realiza ese comportamiento al cometer otro delito. En tal situación se agrava la pena al disponerse que el convicto por ello “no tendrá derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir en años naturales la totalidad de la pena impuesta.”En relación a la modalidad agravada del delito de portación y uso de arma de fuego al cometer un delito del art. 5.04, el comportamiento tipificado en el art. 5.15 aparece en concurso de disposiciones penales conforme los varios criterios del art. 12 CP. 

En primer lugar, conforme el principio de especialidad recogido en el art. 12(a) CP, el delito agravado del art. 5.04 de Ley de Armas es un tipo especial en relación con el delito del art. 5.15 de Ley de Armas en cuanto incluye los elementos de este último de apuntar con un arma de fuego más el elemento especial de que ese apuntar se realizara como medio para cometer otro delito, como el secuestro o robo.  En segundo lugar, conforme el principio de consunción del art. 12(b) CP, el desvalor del hecho de apuntar con un arma de fuego a otra persona del art. 5.15 de Ley de Armas es consumido por el delito agravado del primer párrafo del art. 5.04 de la misma ley en cuanto el hecho de apuntar con arma de fuego es el que normalmente acompaña al hecho de uso de arma de fuego al cometer el delito de secuestro.  En tercer lugar, conforme el principio de subsidiariedad del art 12(c) CP, el delito definido en el art. 5.15 Ley Armas es un tipo tácitamente subsidiario respecto el delito definido en su art. 5.04 en cuanto el primero pretende regir sólo en el caso de que no aplique el segundo que constituye una forma de ataque más grave o acabada del mismo bien jurídico.En la situación del caso de autos, el delito de apuntar con un arma de fuego del art. 5.15 Ley de Armas no es independientemente significativo pues se realizó de forma incidental al más grave delito de portación y uso de arma de fuego del art. 5.04 Ley de Armas.  Es el mismo y único uso de arma de fuego para apuntar el que completa los elementos exigidos por ambos delitos. La inmediata conexión entre la portación y uso de arma de fuego y el apuntar con esa misma arma de fuego del caso de autos no permite desvalorar tal apuntar con arma de fuego de forma adicional a su portación y uso.  En definitiva: La aplicación de los criterios para resolver el concurso de disposiciones penales del art. 12 CP confirma que el delito agravado del art. 5.04 de Ley de Armas tiene señalada una pena tanto más grave que basta por sí sola para aprehender todo el desvalor específico de infracción a la Ley de Armas del hecho enjuiciado en el caso de autos.  Por ello procede anular no sólo la pena sino además la condena por el delito de apuntar con una arma de fuego del art. 5.15 Ley de Armas.

2.    El robo del vehículo fue el medio para el secuestro (solución del concurso medial de delitos: art. 78 CP) 

Por otro lado, ahora en relación a las penas por los delitos de robo de vehículo y secuestro, el TA opinó (p. 29 Sentencia, Anejo XIV, Ap., p. 120) que “en este caso se dan las condiciones para la aplicación de la pena agregada del Art. 79 del CP en cuanto a los delitos de robo agravado y secuestro.  Ante ello, se modifica la sentencia impuesta [estos] casos para una sentencia agregada de 18 años […]”.  Según el TA (p. 26 Sentencia, Anejo XIV, Ap., 117), la exigencia del art. 78 CP de que en el concurso medial un delito sea el “medio necesario” para realizar el otro “implica que una violación se considerará medio necesario para cometer otra en la medida en que la consumación de un delito no pudiera producirse sin la consumación de otro.

Respetuosamente, y como antes se explicó, aunque el concurso medial de delitos es en realidad un caso especial de concurso real, conforme el art. 78 CP la pena total en la situación de concurso medial se fija, igual que la de concurso ideal, de forma mucho menos severa que en la situación de concurso real.  Como antes también se explicó, la exigencia del art. 78 CP para el concurso medial de que un delito sea “medio necesario” requiere sólo que los delitos estén atados a un objetivo o finalidad común, de forma tal que en el caso concreto la realización de un delito aparezca como el medio adecuado para la realización del otro.En el caso de autos, además de ser condenado y penado por el delito de secuestro, el peticionario fue condenado y penado además por el supuesto[6] robo del vehículo que conducía la persona secuestrada.  El delito de secuestro protege la libertad de movimiento de las personas, distinto al delito de robo que protege su propiedad y tranquilidad e integridad corporal. Por esta razón, cuando en un mismo suceso se realizan ambos delitos de secuestro y robo, entonces es posible aplicar ambos delitos para así poder agotar el total desvalor del hecho.  Se está entonces frente a un concurso de delitos.  Ahora bien, en el caso de autos el robo del vehículo fue el medio concretamente utilizado para realizar el secuestro de la persona que lo conducía.  Se está por ello ante un concurso medial de los delitos de robo de vehículo y secuestro.  En esta situación, conforme al art. 78 CP, puede condenarse al autor por ambos delitos pero sólo puede imponérsele una única pena, a saber, y por estar ambos clasificados como delitos graves de segundo grado, la de uno cualquiera de los delitos de robo agravado o secuestro, en su mitad superior. En los particulares hechos del caso de autos, los delitos de robo y secuestro se encuentran en la relación de concurso medial de delitos.  Ciertamente el supuesto delito de robo de vehículo considerado probado en este caso es un delito que se muestra como medio adecuado del delito de secuestro de la persona que lo maneja. 

 Ello sin duda es así en el caso de autos, en el que se consideró probado que, a punta de pistola, se secuestro a una persona cuando ella se disponía a marcharse en su vehículo de la gasolinera en que acababa de echar gasolina, obligándole a conducir a otro lugar, donde se le administró una droga que la dejó dormida hasta el otro día, cuando despertó con todas sus pertenencias en su vehículo.  En la situación concreta del caso de autos, el secuestro de la persona que en una gasolinera se disponía a conducir su vehículo no pudo producirse sin el supuesto robo de su vehículo o, como parece preferir el TA (a la p. 16 de su Sentencia, Anejo XIV), “el fin último de cometer el delito de robo” de vehículo no se habría logrado sin el secuestro de quien lo conducía.  En cualquier caso, se trata de una relación de concurso medial.Dada la relación de concurso medial de delitos entre el secuestro y robo agravado (de vehículo de motor), lo que en todo caso la ley autoriza es, conforme el art. 78 CP, aplicar sólo la pena más grave en su mitad superior. En este caso, ambos delitos de secuestro y robo agravado están igualmente clasificados como delitos graves de segundo grado, clasificación que según el art. 66(b) CP conlleva una pena de entre 8 a 15 años de reclusión.  En esta situación, conforme al art. 78 CP, puede condenarse al autor por ambos delitos de robo de vehículo y secuestro, pero sólo puede imponérsele una única pena, a saber, la de delito grave de segundo grado en su mitad superior, esto es, de 11.5 a 15 años de reclusión.  Por ello procede anular la pena impuesta por cualquiera uno de los delitos de robo de vehículo o de secuestro, aunque no su condena.  Cualquiera una de las dos penas impuestas por el TPI de 11.5 años de reclusión por los dos delitos de robo de vehículo y de secuestro está ya dentro de la mitad superior del delito más (en este caso, igualmente) grave. 

3.    La pena por el delito de portación y uso de arma de fuego puede ser consecutiva con la que corresponde al concurso medial de delitos de robo de vehículo y secuestro (solución especial del auténtico concurso de delitos: art. 7.03 Ley Armas) 

El delito de portación y uso de arma de fuego protege la seguridad pública.  El delito de secuestro protege la libertad de movimiento de las personas.  Por tratarse de dos bienes jurídicos, es necesario aplicar ambos tipos penales para agotar todo el desvalor del hecho.  Este concurso de delitos sería en principio un concurso ideal, en tanto es el mismo hecho de portación y uso de un arma de fuego el que integra el elemento del hecho de intimidación del delito de secuestro.  En caso contrario sería ciertamente al menos un concurso medial, en tanto el delito de portación y uso de arma fue el medio concretamente adecuado para el secuestro.En cualquier caso, no es necesario determinar la particular relación de concurso de delitos habida en este caso entre el delito de portación y uso de arma de fuego y el secuestro, pues en cualquier caso el tratamiento diferenciado del concurso de delitos dispuesto en los art. 78 y 79 CP es, como antes se explicó, desplazado por el tratamiento general del auténtico concurso de delitos en el vigente art. 7.03 Ley Armas.  Conforme a éste, procede en todo caso de auténtico concurso de delitos entre un delito de arma y otros, imponer la pena por arma de forma consecutiva a la pena por el delito de secuestro.  En este caso, ello implica que a la pena de 11.5 años de reclusión que corresponde por el concurso medial de los delitos de secuestro mediante robo de vehículo ha de añadirse la pena de 15 años de reclusión por el delito de portación y uso de arma de fuego.  La pena total que así la ley autoriza imponer al peticionario en este caso es de 26.5 años de reclusión.

F.      Resumen 

Las razones para la altamente sofisticada racionalidad con que el Derecho penal puertorriqueño inicia este tercer milenio lo expresa muy adecuadamente la exposición de motivos del nuevo Código penal de Puerto Rico de 2004: “La claridad y cuidado en la técnica que debe utilizarse en las leyes penales es particularmente crucial ya que ha de atender y respetar los principios constitucionales de legalidad y proporcionalidad en las penas.”  Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, Exposición de motivos.Es claro que “[l]a certeza en la pena es presupuesto de legalidad.”  Pueblo v. Ramos Rivas, 2007 TSPR 138, p. 16.  En el caso de autos, tanto el TPI como el TA han quebrantado doblemente el derecho fundamental del peticionario a la legalidad punitiva.  Así, primero al no aplicar la solución del concurso de leyes para desplazar la aplicación del art. 5.15 Ley de Armas 2000 ante la aplicación al mismo hecho del su art. 5.04, ello con base en la costumbre generada bajo el art. 43 de la vieja Ley de Armas 1951 durante el último medio siglo recién terminado junto a una interpretación analógica del art. 7.03 Ley de Armas 2000 que la misma inmemorial costumbre a hecho pasar desapercibida.  Luego, en segundo lugar, ambos TPI y TA infringen una vez más el principio de legalidad al no aplicar la solución del concurso medial de delitos para castigar por uno solo de los dos delitos de secuestro de una persona y robo de su vehículo, ello con base en una interpretación extensiva de la ley penal consistente en una interpretación muy estricta del más benigno concurso medial del art. 78 CP junto a otra muy liberal del más desfavorable concurso real del art. 79 CP. Por el otro lado, es igualmente claro que “uno de los propósitos fundamentales de la teoría del concurso de delitos es reducir la magnitud de las penas, lo que le vincula con el principio de proporcionalidad. Por una parte, evita que una persona sea castigada dos veces por un mismo hecho punible y, de otra, modera la pena impuesta a un individuo juzgado por dos o más delitos independientes.”  Pueblo v. Álvarez Vargas, 2008 TSPR 63, p. 4-5.  “[C]onforme el Art. II, Sec. 12 de nuestra Constitución, no se impondrán castigos crueles e inusitados.  Esta cláusula requiere penas proporcionales a la severidad de la conducta delictiva, penas no arbitrarias, la imposición, en fin, de la pena menos restrictiva de libertad para lograr el fin por el cual se impone.”  Pueblo v. Pérez Zayas, 116 DPR 197, 201 (1985).  En el caso de autos, en tanto las penas impuestas por ambos TPI y TA sobrepasan por mucho la que el legislador indudablemente ha autorizado, ambos infringen además el derecho fundamental del peticionario a una pena que respete su dignidad humana y sea la menos grave posible capaz de lograr los fines de prevención general y rehabilitación dentro de los límites de la proporcionalidad de la pena con la conducta delictiva.  Art. 4 y 47 CP.En atención al derecho fundamental del peticionario a una pena proporcionada a la gravedad de su hecho, es necesario que este Tribunal Supremo rectifique el quebrantamiento de su otro derecho fundamental a la legalidad punitiva que implica la incorrecta aplicación del nuevo CP 2004 y la nueva Ley de Armas 2000 del TPI y TA.  En lugar de 48 (TPI) ó 45 (TA) años de reclusión, es una pena total de 26 y medio años de reclusión la que la ley autoriza como proporcional al hecho juzgado en este caso.  No son dos generaciones, como quieren los tribunales inferiores, sino que basta y sobra con toda una generación sufriendo el grave mal de la pena de reclusión, para lograr en el caso de autos los fines de legalidad, proporcionalidad, prevención general y rehabilitación de nuestro moderno Derecho penal. 

VIII.   SÚPLICA      

    POR TODO LO ANTES EXPUESTO, respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal Supremo que expida el auto de certiorari aquí solicitado, revoque la sentencia del Tribunal de Apelaciones recurrida y, finalmente, anule totalmente la condena por el delito de apuntar con un arma de fuego del art. 5.15 Ley de Armas y la pena impuesta (no además la condena) por cualquiera uno de los delitos de robo de vehículo o secuestro.

NOTIFICACIÓN     

     CERTIFICO que hoy se envía copia exacta de este escrito, por correo certificado con acuse de recibo, al Procurador General de Puerto Rico, Departamento de Justicia, P.O. Box 9020192, San Juan, Puerto Rico 00902-0192, y a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, Apartado 191067, San Juan, P.R., 00919-1067.En San Juan, Puerto Rico a 29 de julio de 2008.   

 LCDO. FÉLIX A. CIFREDO CANCEL

NÚM. DE COLEGIACIÓN:  12876

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RÍO PIEDRAS, PUERTO RICO  00928

TEL.: 751-7555; FAX: 274-0881 

P v. Wilfredo Canga SantiagoPetición de certiorariTribunal Supremo



[1] Véase Anejo XIV: Sentencia y, Anejo XIII: Notificación.
[2] Véase Anejo XV.
[3] Véase Anejo XVII: Resolución y, Anejo XVI: Notificación.
[4] Véase Anejos V a VIII; además: Apéndice, p. 105.
[5] Para propósitos de este recurso, puede tomarse como hechos probados los así considerados en la p. 2-13 de la Sentencia del TA, Anejo XIV (Apéndice, p. 93-104).  Por esta razón no se incluye en el apéndice de este recurso copia de la transcripción de la prueba, la original de la cual en cualquier caso se encuentra en el expediente del TA.
[6] Lo de “supuesto” robo de vehículo se debe a que de hecho su dueña en ningún momento se le desocupó del mismo sino que siempre permaneció con su vehículo.  American Law Institute, Model Penal Code and Commentaries, Part II, Vol. 1, 1980, Sec. 212.2, p. 240s.  Sobre esta controversia presentada al TA puede verse: Anejo XI, Alegato del apelante, p. 14s. (Ap., p. 36s.), y Anejo XV, Moción de reconsideración, p. 3s. (Ap., p. 123s.).

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