La Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico es una corporación privada sin fines de lucro, inscrita ante el Departamento de Estado en el 1955.  Su objetivo es promover la justicia para los insolventes económicos, facilitándoles servicios legales de excelencia que le garanticen la igual protección de las leyes.  Su visión es cumplir con el mandato de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo II, Sección 11 que requiere que en todos los procesos criminales el acusado disfrute del derecho a asistencia legal adecuada, ofreciendo servicios legales de excelencia, en forma gratuita, a toda persona que cualifique de acuerdo con los criterios establecidos.

Estructura Organizacional

Los asuntos administrativos de toda la Sociedad se manejan desde su Oficina Central, donde radica la Oficina del Director Ejecutivo, Finanzas y Recursos Humanos.

La Sociedad consta de trece oficinas locales, una en cada distrito judicial, desde donde se ofrecen los servicios de representación legal a la ciudadanía tanto en el programa de adultos como en el de menores. Cuenta, además, con dos divisiones especializadas, a saber: la División de Apelaciones, cuyos asesores legales ofrecen representación legal a nivel apelativo; tramitan la presentación de recursos interlocutorios y apelativos; proveen asesoramiento a los abogados de las Oficinas Locales, abogados de la práctica privada y comunidad en general; entre otros

servicios; y la División de Asuntos Especiales y Remedios Post-Sentencia, que ofrece servicios de representación legal a la población confinada, asesoramiento a los abogados de las Oficinas Locales y los abogados de la práctica privada sobre asuntos tales como: bonificación de sentencia, clasificación de custodia, programas de desvío, Junta de Libertad Bajo Palabra; y en la tramitación de recursos especiales y/o extraordinarios, entre otros. Así también, cuenta con asesores legales que representan la Institución en procesos ante la Rama Legislativa donde se analizan proyectos de ley relacionados con el Derecho Penal y Constitucional.

Financiamiento

La Sociedad financia sus operaciones mediante aportaciones legislativas recurrentes y no recurrentes que permiten que el Gobierno descargue su obligación constitucional de proveer la mejor defensa legal a los indigentes, excluyendo la posibilidad de entrar en conflicto de intereses. 

Parte de los fondos estatales provienen de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982 y la Ley Núm. 244 del 2 de septiembre de 2004.