January, 2017

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División de Asuntos Especiales y Remedios Postsentencia: servicios legales a la comunidad confinada

Como parte de los servicios profesionales que provee la Sociedad para Asistencia Legal, la División de Asuntos Especiales y Remedios Postsentencia, la cual cumple en estas fechas ya diez años, se concentra en la asesoría y representación de personas convictas en varias áreas del Derecho penitenciario y del Derecho penal. En efecto, es la única entidad que provee exclusivamente este tipo de servicios en nuestro país, pese a que la cifra de personas confinadas en instituciones penitenciarias asciende a más de 12,000, y existe otra cantidad notable de personas cumpliendo su sentencia mediante penas alternativas a la reclusión en nuestra jurisdicción. Por su relevancia en nuestro ordenamiento, dejamos por este medio una descripción somera de algunos de los servicios que provee esta División.


La División de Asuntos Especiales es una división especializada para velar por los derechos de las personas sentenciadas y encarceladas en los distintos centros penitenciarios del País. Como parte de nuestros deberes, llevamos procedimientos post sentencia ante los tribunales de justicia –entiéndase peticiones de nuevo juicio, ataque colateral de la sentencia y corrección de sentencia y habeas corpus.

 

Además, brindamos orientación, así como representación legal, a personas económicamente desventajadas que cumplen sentencia en una institución correccional o disfrutan de algún beneficio limitado alterno a la reclusión. Estos servicios se han extendido a procedimientos administrativos ante el Departamento de Corrección como: 1) liquidación de sentencia, 2) clasificación de custodia, 3) procedimientos disciplinarios internos de confinados, 4) bonificaciones, 5) remedios administrativos y 6) programas de desvíos.

 

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Recomendación de libro: From the War on Poverty to the War on Crime (Elizabeth Hinton, 2016)

La histórica tensión de discriminación racial en Estados Unidos se ha visibilizado aún más durante estos pasados años. Los avances tecnológicos han provisto herramientas para documentar, publicar y difuminar con suma rapidez el racismo estructural que se manifiesta en no pocas intervenciones policíacas de extrema coerción y violencia. Este fenómeno que podemos ver cada semana en redes sociales, páginas interactivas de internet o en medios de comunicación cada vez más digitalizados, es la secuela de un racismo institucionalizado que hoy cobra la libertad y la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas de la comunidad tanto afroamericana como latinoamericana. La historiadora Elizabeth Hinton ha trabajado críticamente el tema en nuestra contemporaneidad, y fruto de ello es el libro From the War on Poverty to the War on Crime. The Making of Mass Incarceration in America (Harvard, 2016). 

 

En este interesante trabajo, la autora refutó el entendido hegemónico sobre el origen de la masificación carcelaria (mass incarceration) en la guerra contra las drogas de la administración de Ronald Reagan, y ubicó la génesis de ésta en los programas socialmente proteccionistas (social welfare programs) de la administración de Lyndon Johnson durante los años 60’s. Una de las conclusiones de la autora es que mientras estas políticas del Estado de bienestar tenían como fin incrementar la igualdad social en una sociedad tan polarizada como la de Estados Unidos, las mismas se vieron sesgadas por una visión racista sobre el papel de la comunidad afroamericana en los desórdenes urbanos. Esta percepción prejuiciada se materializó en una serie de legislación, como la Law Enforcement Assistance Act de 1965, que facultó e incentivó la militarización de las policías locales y la proliferación de prisiones a lo largo y ancho de todo el país. Según Hinton, de esta forma se crearon las condiciones para una Política criminal –incentivada a nivel federal- que criminalizó comunidades afroamericanas de escasos recursos. Ya en la década de 1980, en plena época donde se materializan las políticas neoliberales, la pobreza y la inequidad social se combatían directamente con las normas penales y mediante la criminalización de las comunidades afroamericanas de escasos recursos. No obstante, el caldo de cultivo de esta apoteosis de la norma penal contra la comunidad afroamericana no comenzó en las administraciones republicanas-conservadoras, sino en las propias administraciones liberales-demócratas.

 

 

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